El gasto de bolsillo en salud actúa como una barrera entre el derecho a la salud y la utilización de los servicios del sistema de salud y no debería considerarse como un factor de mediación. Esta forma de financiamiento afecta desproporcionadamente a los más vulnerables, es un obstáculo para el acceso, genera angustias económicas adicionales a la enfermedad, es causa de exclusión, de discontinuidad en la atención, de interrupción del tratamiento y de desigualdad en la calidad de los servicios.
Hay varias lecciones aprendidas en corto tiempo ante el COVID-19. Destacamos tres de ellas: a) el sistema público de salud es un bien social que ha sido revalorizado. La sociedad ha comprendido que el sistema de salud es de todos y las capacidades hay que construirlas de manera sostenida y sostenible. Lo que se posterga hoy, tendrá graves consecuencias mañana. b) Nadie puede salvarse solo. Somos comunidad y sociedad. Sin solidaridad el derecho a la salud de cada uno está en riesgo. c) El gasto de bolsillo como medio de financiamiento y acceso es injusto, inequitativo e insuficiente para lograr un sistema público de salud que incluya a toda la población.
